Estudia volver a situar la duración mínima de los contratos de alquiler en los 5 años, con prórrogas sucesivas por tres años. La reforma de la LAU podría regular otros aspectos polémicos, como las fianzas y las garantías que los propietarios pueden imponer a sus inquilinos para alquilarles una vivienda, e intentará clarificar la definición de viviendas de uso turístico, culpadas a menudo de acelerar el auge de los precios de los alquileres.
Fuentes inmobiliarias comentan que la novedad respecto a otros proyectos es que el Gobierno quiere ligar las ayudas fiscales a unas rentas máximas, que fijarán las autonomías y los ayuntamientos, de forma que se perderán cuando el propietario las supere