Las criptomonedas han dejado de ser un fenómeno reservado a inversores tecnológicos. Bitcoin, Ethereum y otros activos digitales ya forman parte del panorama económico. Por eso, la fiscalidad de las criptomonedas en las empresas se ha convertido en una cuestión que ningún empresario debería ignorar.
Alrededor de estos activos ha surgido, además, un intenso debate ideológico. Es frecuente escuchar que blockchain permitirá prescindir de bancos, gobiernos o autoridades fiscales. O que las criptomonedas inauguran una economía libre de intervención pública.
Conviene distinguir entre la tecnología, las ideas que algunos asocian a ella y la realidad jurídica en la que operan las empresas. En este artículo analizamos qué hay de cierto en esas afirmaciones. Y, sobre todo, qué deben conocer autónomos, pymes y sociedades antes de incorporar los criptoactivos a su actividad.
Blockchain: una tecnología con aplicaciones mucho más amplias que Bitcoin
Uno de los errores más habituales consiste en identificar blockchain exclusivamente con las criptomonedas. En realidad, Bitcoin es solo una de las aplicaciones posibles de esta tecnología.
La blockchain o cadena de bloques es un sistema de registro distribuido. Permite almacenar información de forma cronológica, verificable e inalterable mediante mecanismos criptográficos. En lugar de depender de una base de datos centralizada, la información se replica entre numerosos participantes de la red. Eso dificulta enormemente su manipulación.
Esta tecnología puede utilizarse para:
— Registrar transacciones económicas.
— Gestionar contratos inteligentes (smart contracts).
— Certificar documentos.
— Garantizar la trazabilidad de mercancías.
— Proteger registros sanitarios.
— Verificar identidades digitales.
Por tanto, el verdadero potencial de blockchain va mucho más allá del ámbito financiero. De hecho, la digitalización del control fiscal avanza en paralelo, como explicamos al analizar Verifactu y el nuevo sistema de facturación electrónica.
¿Qué es la promesa tecnolibertaria?
Parte del éxito de Bitcoin no se explica únicamente por sus características técnicas. También responde a una corriente de pensamiento conocida como tecnolibertarismo. Esta corriente defiende que la innovación tecnológica puede reducir la necesidad de intermediarios y limitar el poder de los Estados sobre la economía.
Desde esta perspectiva, las criptomonedas permitirían:
— Realizar pagos sin bancos.
— Conservar patrimonio fuera del sistema financiero tradicional.
— Efectuar operaciones internacionales con menores costes.
— Reducir la dependencia de autoridades monetarias.
Para muchos de sus defensores, Bitcoin constituye una respuesta frente a la inflación, la expansión monetaria y el control financiero de los gobiernos.
Que una tecnología permita determinadas operaciones no significa que desaparezcan las obligaciones fiscales, mercantiles o contables de quienes la utilizan.
Tecnología e ideología no son lo mismo
En ocasiones se presentan las criptomonedas como una forma de escapar del control de las administraciones públicas. Esa afirmación resulta simplista.
La blockchain es una tecnología neutral. Puede utilizarse para fines completamente legítimos o para actividades ilícitas. Igual que ocurre con Internet o con cualquier otra innovación.
La regulación tampoco permanece inmóvil. La Unión Europea ha desarrollado un marco normativo cada vez más completo para supervisar los mercados de criptoactivos. El Reglamento MiCA (Markets in Crypto-Assets) establece requisitos para emisores y proveedores de servicios de criptomonedas. Refuerza la protección de los inversores y aumenta la transparencia del mercado.
Al mismo tiempo, siguen ampliándose las obligaciones de prevención del blanqueo de capitales, identificación de clientes y colaboración con las autoridades fiscales.
En consecuencia, utilizar criptoactivos no sitúa a las empresas fuera del ordenamiento jurídico.
Fiscalidad de las criptomonedas en las empresas: impuestos y obligaciones
Desde el punto de vista tributario, las criptomonedas generan numerosas obligaciones que conviene conocer antes de operar con ellas.
Dependiendo del caso, pueden producirse consecuencias en distintos impuestos:
— Impuesto sobre Sociedades.
— IRPF, cuando intervienen empresarios individuales o socios.
— IVA, en determinadas operaciones.
— Impuesto sobre el Patrimonio.
— Obligaciones informativas sobre activos en el extranjero o custodiados en plataformas extranjeras, cuando la normativa lo exija.
Además, cada operación puede requerir un tratamiento contable específico. La compra, venta, intercambio o utilización de criptomonedas como medio de pago puede generar rentas sujetas a tributación. Su correcta determinación exige conservar documentación suficiente: fechas, precios de adquisición, valor de transmisión y comisiones satisfechas.
De hecho, las operaciones con criptoactivos ya figuran entre los puntos de mayor control en el IRPF, como detallamos en nuestra guía completa de la Declaración de la Renta.
Muchas incidencias fiscales relacionadas con las criptomonedas no derivan de una actuación fraudulenta, sino de una deficiente conservación de la información.
¿Puede una empresa invertir en criptomonedas?
Cada vez más sociedades se plantean destinar parte de su tesorería a activos digitales. Algunas buscan diversificar inversiones. Otras desean experimentar con nuevas tecnologías o desarrollar modelos de negocio vinculados a blockchain.
Antes de decidir, conviene analizar diversos aspectos:
— La política financiera de la empresa.
— La elevada volatilidad de estos activos.
— Su impacto contable.
— El tratamiento fiscal aplicable.
— Los riesgos regulatorios.
— Las obligaciones documentales.
No existe una respuesta universal. Lo que resulta razonable para una empresa tecnológica con elevada liquidez quizá no lo sea para una pyme del Maresme cuya prioridad es preservar el capital de su actividad diaria.
La estructura societaria también influye. No tributa igual la inversión desde una sociedad con actividad que desde una entidad de mera tenencia de activos, como explicamos al comparar la sociedad patrimonial y la sociedad operativa.
La decisión debe formar parte de una planificación financiera completa. Nunca responder únicamente a expectativas de revalorización.
El error más frecuente: pensar que la tecnología sustituye al asesoramiento
La rapidez con la que evoluciona el sector provoca que circulen multitud de recomendaciones en redes sociales, foros y vídeos especializados. Muchas de esas afirmaciones mezclan cuestiones tecnológicas con interpretaciones jurídicas incorrectas o desactualizadas.
Por ejemplo, es habitual encontrar mensajes que sostienen que las criptomonedas permiten operar sin control fiscal. Nada más lejos de la realidad.
La Agencia Tributaria dispone cada vez de más mecanismos de obtención de información. Tanto mediante obligaciones de suministro impuestas a determinados operadores como a través de la cooperación internacional entre administraciones. Su capacidad para cruzar datos y detectar discrepancias crece año tras año, como ya analizamos al hablar del control de Hacienda sobre el nivel de vida y la renta declarada.
Por ello, planificar sobre la idea de que los criptoactivos son invisibles para Hacienda puede generar importantes contingencias tributarias.
Innovar sí, pero con seguridad jurídica
Blockchain constituye una de las innovaciones tecnológicas más relevantes de las últimas décadas. Probablemente seguirá transformando numerosos sectores económicos. Las criptomonedas, por su parte, han abierto nuevas posibilidades de inversión, financiación y desarrollo empresarial.
Ahora bien, innovar no significa operar al margen de la normativa. Las empresas que obtienen mejores resultados son las que incorporan las nuevas tecnologías respetando el marco jurídico. Y evaluando previamente sus riesgos fiscales, contables y mercantiles.
La verdadera ventaja competitiva no consiste en intentar evitar las reglas, sino en conocerlas mejor que los demás.
Preguntas frecuentes sobre criptomonedas y empresas
¿Tiene que declarar una empresa sus criptomonedas?
Sí. Las operaciones con criptoactivos tienen impacto en el Impuesto sobre Sociedades, el IRPF o el IVA, según el caso. Además, pueden existir obligaciones informativas específicas sobre activos custodiados en el extranjero.
¿Puede Hacienda conocer las operaciones con criptomonedas?
Sí. Los proveedores de servicios de criptoactivos están sujetos a obligaciones de suministro de información. A ello se suma la cooperación internacional entre administraciones tributarias.
¿Es legal que una pyme invierta su tesorería en Bitcoin?
Es legal, pero exige analizar previamente la volatilidad, el impacto contable, la fiscalidad de las criptomonedas en las empresas y las obligaciones documentales. La decisión debe integrarse en la planificación financiera global del negocio.
¿Qué documentación hay que conservar?
Fechas de cada operación, precios de adquisición, valores de transmisión, comisiones y justificantes de las plataformas utilizadas. Sin esa información, resulta muy difícil defender la posición fiscal ante una comprobación.
¿Está valorando operar con criptoactivos en su empresa?
Si su empresa está valorando invertir en criptoactivos, aceptar pagos en criptomonedas o desarrollar proyectos basados en blockchain, conviene analizar antes sus implicaciones fiscales y contables.
En Oikos Consultores, como asesoría fiscal en Mataró, ayudamos a empresas y autónomos del Maresme y Barcelona a tomar decisiones con seguridad jurídica. Integramos la innovación tecnológica dentro de una adecuada planificación tributaria y financiera.
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