Oikos Gestoría, Noticias, 11/1/17

por | 11 enero, 2017

Oikos Gestoría, Noticias, 11/1/17

INFORMACIÓN ECONÓMICA

  • La variación salarial media pactada para los convenios con efectos económicos conocidos y registrados hasta el 31 de diciembre asciende a 1,06%, incremento que se sitúa en el 0,71% para los convenios de empresas, mientras que para los de ámbito superior a éstas alcanza el 1,08%. Según los datos provisionales que recoge la Estadística de Convenios Colectivos, publicada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la jornada media pactada para los convenios de empresa es de 1.713,5 horas al año por trabajador, mientras que para los de ámbito superior a la empresa asciende hasta las 1.761 horas. En el año 2016 se han depositado en los registros de las distintas autoridades laborales un total de 326 inaplicaciones de convenios, que afectan a 32.064 trabajadores. La mayor parte de las empresas que presentan inaplicaciones, el 85,6%, tienen plantillas entre 1 y 49 trabajadores. Del total de las 1.326 inaplicaciones, el 62,2% muestra que sólo se ha descolgado de la cuantía salarial, en tanto que el 12,7% además de hacerlo de la cuantía, lo ha hecho del sistema de remuneración.
  • Las viviendas habituales que las empresas alquilan a sus empleados están exentas del pago del IVA siempre que en el contrato de arrendamiento se incluya el nombre de la persona beneficiaria y la prohibición de subarrendar el inmueble. Así lo reconoce el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) en dos resoluciones emitidas, que llevan fecha de 15 de diciembre de 2016, que son continuación de la doctrina recogida en otra resolución anterior, fechada el pasado 8 de septiembre de 2016.
  • Los primeros anuncios de Fomento sobre la intención de crear un parque público de viviendas en alquiler para aquellas familias que hayan sido desahuciadas de sus casas o bien se encuentren en riesgo de exclusión social han generado numerosas dudas. La banca ve duplicidades con el fondo que gestiona Economía. El sector recuerda que se desconoce cuántas casas mantienen los bancos en cartera y de ellas cuántas se podrían alquilar.
  • Basta con entregar la vivienda al banco para que quede saldada la deuda hipotecaria. Así lo estipula el juzgado Mercantil nº 10 de Barcelona, en la primera sentencia -de 7 diciembre de 2016- que declara nula la cláusula de responsabilidad personal universal, al considerar que es abusiva por no haberse negociado con el cliente y venir, por tanto, impuesta por el banco. Así, se puede considerar que la dación en pago llega por la vía judicial y sin necesidad de que haya sido pactada entre las partes, como exigen el artículo 1911 del Código Civil y el 150 de la Ley Hipotecaria. La sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 10 de Barcelona anula, además, con los mismos argumentos la garantía adicional incluida en el contrato del crédito hipotecario, según la cual los avalistas solidarios con el deudor principal y con las «renuncias a sus beneficios legales de orden, excusión y división».
  • La ministra de Sanidad partidaria de «revisar» al alza el copago farmacéutico a quienes cobren más de 18.000 euros. La intención de Sanidad, en este sentido, es la de hacer progresivo el copago farmacéutico estableciendo varias franjas de renta. Los pensionistas que hoy perciben menos de 18.000 euros anuales -básicamente 7,5 millones, casi el 80% del total- se quedarían en la misma situación, mientras que los más de 1,8 millones que perciben pensiones por más de esa cantidad verían revisada la cifra a pagar en las farmacias, pese a que acudan con sus recetas de la Seguridad Social. También anunció ayer que los parados de larga duración, que hoy por hoy sufren también el pago parcial de los medicamentos, dejarán de abonar por los mismos, por lo que el ahorro que se derive de la futura reforma quedará limitado a los pensionistas.
  • CCOO rechaza la propuesta del Gobierno de trasposición de la Directiva de la UE sobre desplazamiento de trabajadores. CCOO señala que el borrador remitido no cumple la obligación de trasponer la Directiva 2014/67/UE, ni en cuanto a su finalidad ni en cuanto al alcance de su contenido. La finalidad de la Directiva es garantizar que se respete un nivel apropiado de protección de los derechos de los trabajadores desplazados para la prestación de servicios transfronteriza, en particular que se cumplan las condiciones de empleo aplicables en el Estado miembro donde se vaya a prestar el servicio. Sin embargo, el borrador que presenta el Gobierno es insuficiente y se limita a modificar mínimamente la Ley 45/1999 en aspectos poco relevantes. Considera que no está justificada la transposición de la Directiva mediante RDL, pues no existe una situación de urgencia.

SECTOR BANCARIO 

  • Las medidas fiscales de diciembre no solo han provocado un aluvión de venta de filiales con pérdidas durante este final de año, sino que está causando todo un quebradero de cabeza para el sistema bancario español. Las propias entidades, además de las auditoras y los propios reguladores (CNMV e ICAC) llevan semanas trabajando para analizar y evaluar los impactos contables de una medida que tendrá efectos ya en las cuentas anuales de 2016, según diversas fuentes del sector. En concreto es la modificación del impuesto de sociedades que limita las deducciones por activos diferidos en balance (los llamados DTA) la que provocará el impacto más inmediato.

EMPRESA

  • La organización agraria Asaja Jaén ha denunciado que los jóvenes agricultores tienen serios problemas para hacer frente a los gastos de la recogida de aceituna por el impago de sus ayudas. Los jóvenes que se acogieron en 2015 a las Ayudas de Primera Instalación en la Agricultura (medio millar en Jaén y 1.500 en toda Andalucía) están pasando serias dificultades para hacer frente a la recolección de aceituna en su primer año dedicados al sector, según la organización agraria. El retraso en las ayudas a Jóvenes, así como en el Pago Básico o Pago Verde, entre otras, les ha dejado sin liquidez para pagar jornales o solventar el resto de gastos que requiere la campaña.
  • Las negociaciones para renovar el convenio colectivo de Hostelería de la provincia de Zaragoza no tienen visos de poder cerrarse pronto. El convenio colectivo tendrá previsiblemente una vigencia de dos años (2016-2017). Los sindicatos mantienen una petición de incrementos salariales del 3,25% en los dos años de vigencia mientras que la última oferta realizada por las asociaciones empresariales ha sido del 1% para cada año de vigencia, lo que representaría una pérdida de poder adquisitivo en el mejor año turístico de la historia.