- Inverco cuantifica en unos 17.000 millones de euros el dinero que saldría de activos españoles si se eleva la tributación de las sicav en el Impuesto de Sociedades. Desde Europa, el supervisor de los mercados aboga por suprimir ese mínimo de 100 inversores y defiende que una institución de inversión colectiva debe considerarse como tal cuando no restrinja la captación de capital a un solo inversor, aunque en la práctica solo tenga uno. Sin embargo, en España las sicav vuelven a estar en la picota, como un arma electoral de potencial considerable.
- El TJUE falla en contra del plazo de un mes para impugnar los procesos de ejecución hipotecaria. En concreto, el tribunal europeo señala que el mecanismo establecido por el legislador para iniciar el cómputo del plazo (esto es, la publicación de la Ley en el BOE) es contrario al principio de efectividad. Por ello, el Tribunal concluye que dada la complejidad del procedimiento, así como la legislación aplicable, existe un elevado riesgo de que el plazo expire sin que los consumidores afectados puedan hacer valer de forma efectiva y útil sus derechos por la vía judicial, «debido en particular al hecho de que, en realidad, ignoran o no perciben la amplitud exacta de esos derechos». La sentencia no afecta al plazo para recurrir (10 días) de las ejecuciones iniciadas después de la reforma. Gobierno y patronal bancaria se apresuraron a destacar que se trata de un caso relativamente menor, porque afectará a un número limitado de clientes.
- La revolución del Internet de las Cosas. El 68 % de los ejecutivos españoles opina que este nuevo entorno mejorará la eficiencia operativa de sus compañías, según se recoge en el informe de Accenture. De hecho, solo el 4 % de los directivos españoles espera que el Internet de las Cosas genere nuevos flujos de ingresos para su empresa por medio de nuevos productos y servicios, porcentaje que a nivel global se sitúa en el 11%. Según el estudio, solo un 2 % de los empresarios españoles cuenta con una estrategia definida ante este reto, por debajo de la media europea y mundial (8 % y 7 %, respectivamente).
- La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid aprueba los presupuestos y las ordenanzas fiscales para 2016, que contemplan un déficit cero, un aumento del gasto social del 24%, una bajada del IBI general del 7% y su subida de hasta el 9,54% para las grandes superficies no residenciales. En concreto, se subirá el IBI a los comercios cuyo valor catastral supere los 860.000 euros, a los establecimientos de hostelería de más de 1,62 millones, a las superficies industriales de más de 890.000 euros y a los edificios de oficinas de más de 2,2 millones y recintos deportivos de más de 20 millones. Del intervalo que va del 7 al 9,54% de subida para estos locales, los comercios estarán en el rango más bajo. También se eliminará la bonificación de que gozaban las familias numerosas con viviendas con valores catastrales de más de 204.000 euros, y con ello el Ayuntamiento recaudará 1,5 millones más. Éstas son el 28% de las familias numerosas; el 72% restante, 14.863, mantendrán la bonificación. La nueva Tasa de Residuos Urbanos no afectará a inmuebles, almacenes ni estacionamientos, sino que se aplicará a las superficies industriales en función también de su valor catastral.
- La UE y Liechtenstein han firmado un acuerdo para el intercambio automático de determinados datos de las cuentas bancarias de sus residentes a partir de 2017, una medida con la que esperan mejorar la lucha contra la evasión fiscal. El convenio, que entrará en vigor al mismo tiempo que una norma equivalente para la colaboración entre Estados miembros, está en línea con las nuevas reglas internacionales de la OCDE y del G20.
- El Supremo establece la primera condena de cárcel por emisiones ilegales con efecto invernadero. El Supremo, en sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Antonio del Moral, destaca que existió un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales por emisiones atmosféricas que dañan la capa de ozono, con grave riesgo para el ecosistema derivada de la persistencia en el tiempo de las emisiones (desde el año 2007 a 2010) y su volumen global. Asimismo, elimina la indemnización de 60.000 euros que fueron condenados a pagar los acusados, ya que no cabe, en la responsabilidad civil derivada de delitos de medio ambiente, que no se vincule a daños concretos causados a una persona identificable, física o jurídica, sino a la colectividad en general, y darle carácter sancionador y no resarcitorio.
- Gestha asegura que prácticamente la totalidad de los 126.500 millones de patrimonio en el extranjero que los españoles han declarado en 2013, 2014 y 2015 a través en el modelo 720 no son bienes ocultos, sino que ya estaban declarados en el IRPF e Impuestos de Sociedades y Patrimonio. En una nota de prensa, explica que llega a esta conclusión por el desplome de los ingresos por las declaraciones complementarias y la caída de denuncias por delito contra la Hacienda Pública en los años 2013 y 2014. «Nadie va a aflorar bienes sin presentar complementarias del IRPF o del Impuesto sobre el Patrimonio».
- La guerra de los cajeros automáticos no ha terminado. Santander, ha adelantado su posición, al reafirmar lo que anunció en julio pasado, pero no fijó la tasa precisa. Fuentes oficiales del banco dijeron que no está fijada el importe de la comisión. Álvarez aludió al alto coste de renovación de parte de los 5.000 cajeros que tiene en España, pertenecientes a la red 4B. «Estamos cambiando las funciones de los cajeros y eso es algo muy costoso».
- El valor del oro que mantiene el Banco Central de Venezuela en sus reservas internacionales disminuyó un 19% en mayo con respecto a enero, de acuerdo a los estados financieros del instituto emisor, difundidos esta semana. Venezuela, que recurre a las reservas para cumplir con sus compromisos de deuda externa y financiar importaciones, ha buscado aumentar sus ahorros en efectivo este año. Además, retiró en abril parte de los ahorros que mantenía en el Fondo Monetario Internacional (FMI) para mejorar su liquidez.
- Fremap elabora un plan de viabilidad para pagar los 33,4 millones que debe a la Seguridad Social. La entidad ha elaborado un calendario para cancelar el dinero que adeuda al instituto público que consiste en pagar casi tres millones cuando su plan reciba el visto bueno del Ministerio de Empleo. Luego pasaría a pagar 609.015,59 euros al año entre 2017 y 2066. Pra pagar la deuda a la Seguridad Social, el dinero saldrá de rendimientos financieros, alquileres y del “bonus”. Este “bonus” es una vía de ingresos abierta en la reforma del sector.
- La Fiscalía Nacional Económica chilena ha acusado a las dos principales compañías papeleras locales de haber montado un engranaje para repartirse cuotas en el mercado y controlar el precio del papel higiénico y otros productos de primera necesidad desde el año 2000 a En Chile la colusión de mercado no es una figura penal y no se castiga con cárcel: en 2003 se reemplazó el delito por el aumento de multas.