Noticias del día, de economía y empresa, seleccionadas por Oikos Gestoría

El efectivo en la Eurozona creció hasta alcanzar los 1,08 billones de euros al final de 2015, casi un 8% más que al inicio del año pasado, y un 30% en billetes de 500 euros, según mostraron datos del Banco Central Europeo (BCE). También aumenta el dinero que los ahorradores guardan en casa o en una caja fuerte. El dinero en circulación casi duplica la cantidad de hace 10 años y ha aumentado de forma estable a lo largo de la crisis de deuda en la Eurozona, una tendencia que refleja los temores sobre la zona euro y sus bancos, así como la falta de incentivos a mantener el dinero en el banco por los bajos retornos del ahorro. Los datos se conocen en pleno debate sobre la posible eliminación del billete de 500 euros. Eliminarlo, algo que sólo podría hacerse de forma gradual, llevaría a los ahorradores a sacar a la luz los más de 300.000 millones de euros que hay en billetes de 500 euros.

Al menos la mitad de los 727.000 empleos creados desde el inicio de la recuperación (2013-2015) los han ocupado trabajadores sobrecualificados, es decir, con una formación superior a la requerida por el puesto de trabajo, según un informe de Asempleo, la patronal de agencias privadas de empleo. El número de trabajadores con una formación superior a la precisada por el puesto de trabajo para el que fueron contratados se ha incrementado un 6,5% desde el comienzo de la crisis, en 2007. Los que más padecen este desajuste del mercado laboral son los trabajadores de más de 45 años, aunque también es un problema común entre los jóvenes de 16 a 24 años. El informe pone de manifiesto que los asalariados son el grupo donde más ha crecido la sobrecualificación, aunque es en el colectivo de autónomos dónde ésta es más frecuente.

El 67% de las empresas de transporte en España son de trabajadores autónomos, según recoge la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) a partir de los datos publicados por el Observatorio del Ministerio de Fomento. En concreto, a fecha de 1 de febrero en España había 156.488 empresas transportistas regentadas por trabajadores por cuenta propia. En total, hay 235.536 empresas de transporte, incluyendo tanto el transporte de mercancías como el de viajeros. Las empresas que tienen personalidad jurídica son 75.933 y las cooperativas del sector ascienden a 590.

Auto sobre la venta de unidad productiva como alternativa viable para el mantenimiento de la actividad económica y del empleo de las empresas en concurso. Un auto del Juzgado de lo Mercantil número 9 de Barcelona ha dictado la asunción de toda la deuda laboral y de Seguridad Social en la adjudicación de una unidad productiva (y no sólo la deuda que conllevaban los puestos de trabajo subrogados), decisión que da el golpe de gracia a una doctrina en la que eran pioneros, precisamente, los jueces de Barcelona. El auto se apoya en una sentencia del Supremo que estableció que es competencia de los Juzgados de lo Social y no de los de lo Mercantil juzgar si hay sucesión de empresas, cuando el Orden Social dicta de forma mayoritaria que sí la hay, lo que veta la venta de la unidad productiva.

Firmado el I Acuerdo Marco en el sector de Actividades Forestales. En el día 10 de febrero de 2016, CCOO-FEAGRA y las Patronales Forestales (ASEMFO, FEEF y ASERPYMA) han firmado el I Acuerdo. Se aplicará a las empresas y trabajadores que no tengan convenio colectivo de aplicación. Situaciones que por sorprendentes que parezcan, se dan. Hay regiones enteras y provincias sin ningún tipo de convenio colectivo para este colectivo, ya sea específico o incluido en un ámbito funcional más amplio.

Firma del Acta de la constitución de la mesa sectorial de limpieza la Comunidad Valenciana, estableciendo materias y objetivos para su funcionamiento. Los firmantes de dicha acta están interesados en impulsar medidas destinadas a acabar con la competencia desleal, sobre todo a costa del abaratamiento de los precios que generan una falta de calidad en el servicio y deterioro en las condiciones laborales y se reconozca el papel social de un sector profesionalizado y competitivo. Dando cumplimiento al punto tres se ha puesto en común en la mesa de trabajo la licitación del concurso de limpieza para los centros sanitarios de la comunidad valenciana, y, la próxima licitación de limpieza en centros docentes públicos de la Comunidad Valenciana.

Un juez condena a una entidad bancaria a devolver todo lo pagado por la cláusula suelo de un préstamo hipotecario desde la firma del contrato, el 29 de junio de 2012, al considerar que la imposibilidad de aplicar la retroactividad establecida por el Tribunal Supremo se basa en una realidad que hoy no existe. El juez titular del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Vic, considera que «No puede aplicarse en este caso en tanto en cuanto no concurre el motivo que fundamentó aquella decisión y que no fue otro sino el riesgo que para la solvencia del sector financiero tendría la retroactividad de los efectos de la nulidad de las cláusulas suelo», determina Gómez Arbona en su sentencia, de 26 de enero de 2016.

El Mercado Alternativo Bursátil (MAB) pretende ser más atractivo para los inversores. Ha actualizado su reglamento, que afectará fundamentalmente a la incorporación y exclusión de empresas, a la información a suministrar por las mismas y a las funciones de los asesores registrados, con el objetivo de «limitar» casos como el de Gowex y adaptarse a la nueva legislación financiera aprobada por el Parlamento en 2015. La principal novedad del reglamento está relacionada con la exclusión, voluntaria u obligatoria, que tendrá lugar cuando estas empresas superen los 500 millones de capitalización bursátil. En el caso de que su capitalización fuese mayor durante un periodo superior a seis meses, la compañía dispondrá de un plazo de nueve meses para pasar a cotizar en el Mercado Continuo.

El TSJ de Andalucía señala que no tendrá que devolverse la ayuda percibida por dos empresarios en la causa de los ERE aun siendo ilegal y nula. La Sala de lo Contencioso-administrativo (Sección Primera) del TSJA ha señalado que la ayuda concedida por la Junta de Andalucía a dos empresarios de la Sierra Norte investigados en la causa de los ERE, ayuda ilegal y nula por valor de 900.759 euros, no tendrá que devolverse por razones de seguridad jurídica, al haberse superado con creces el plazo legal de cuatro años de prescripción establecido tanto en la Ley General de Subvenciones como en la Ley General Presupuestaria.