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Los ministros de Economía de la eurozona han constatado este lunes que el presupuesto de España para 2015 está «en riesgo» de incumplir el objetivo de déficit pactado con la UE (el 4,2% del PIB) y han pedido al Gobierno que adopte «medidas eficaces» para respetar el Pacto de Estabilidad. Sin embargo, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha dejado claro que las medidas ya previstas en el presupuesto del año que viene son «más que suficientes» para cumplir y que no será necesario adoptar nuevos ajustes.

La tarifa de electricidad ha subido un 72,3% en diez años, hasta un nivel en el que el consumidor medio paga en la actualidad 383 euros más al año que en 2004, según un estudio de Facua-Consumidores en Acción. En su análisis, la asociación describe al usuario medio como un consumidor con una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW) que demanda 366 kilovatios hora (kWh) mensuales. Con la tarifa media de noviembre de 2014, este perfil de usuario paga 76,01 euros mensuales, o 59,76 más el 27,19% que representan el IVA y el impuesto sobre la electricidad.

El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) tramitó 4.025 comunicaciones de operaciones sospechosas en 2013, lo que supone un incremento del 31,6% respecto al año anterior. Por su parte, los sectores de actividad en los que se desarrollan las operativas de riesgo son el comercio (17,5%), el inmobiliario (13,3%), el comercio internacional (13,1%), profesiones liberales (5,7%), hostelería (5%), entidades de pago (2,9%), entidades financieras (2,6%), industria y fabricación (2,6%) y agricultura, pesca o ganadería (1,8%). Las zonas en las que se desarrollan las operativas sospechosas son: Madrid (29%), zona Mediterránea (28%), costa andaluza (15%), zona Norte (11%) y zona Insular (7%).

El 38,71% de los profesionales del mercado del alquiler creen que la extinción de los contratos de renta antigua afectará de forma positiva por las nuevas oportunidades de negocio que se abrirán en los próximos meses, mientras que apenas un 9,68% de los encuestados entiende que el impacto resultará negativo. Además, los Apis no consideran necesario prorrogar la moratoria de la ley -ya rechazada por el Partido Popular-, «ya que tras 20 años ha habido tiempo suficiente de adaptación para los arrendatarios de renta antigua».

En 2017 se realizarán alrededor de 4,7 millones de reparaciones de coches en España, lo que supone un 26% menos que las realizadas en 2008. El informe de la consultora Audatex, especialista en valoración de siniestros, estima, por lo tanto, “que el mercado español apenas tendrá carga de trabajo para 28.000 talleres, por lo que es de esperar un ajuste natural en el sector que afectará de lleno a unos 17.000 talleres”, el 40% de la planta total, estimada en 45.000 reparadores. Su viabilidad futura estaría así en riesgo.

Antes de verano se aprobará la directiva que armoniza la protección de la información confidencial de las empresas para evitar prácticas deshonestas que frenan la innovación en la UE. En cuanto a las novedades introducidas en las últimas versiones de la norma, se ha alargado la prescripción de este tipo de actos ilegales hasta un máximo de seis años y se han concretado con más detalle las medidas para proteger la confidencialidad de la información dentro de los procesos judiciales. En la protección de secretos comerciales, la directiva no aborda las cuestiones que pueden afectar directamente a los trabajadores, con todos los riesgos que ello implica, para no interferir en las diferentes legislaciones laborales nacionales. Recomienda a las empresas evaluar y determinar qué puestos de trabajo son los más sensibles en el manejo de secretos comerciales.

Los fabricantes de automóviles estarán obligados a introducir el sistema de llamada automática de emergencia (eCall) en todos los coches nuevos como muy tarde el 31 de marzo de 2018, según el acuerdo final alcanzado entre los Gobiernos y la Eurocámara. El compromiso retrasa dos años y medio la fecha inicial que había propuesto la Comisión.

Las empresas de la llamada economía colaborativa han constituido una asociación, denominada Sharing España, para promover este modelo de negocio que está revolucionando los modos de consumo y defender sus intereses frente a otros actores y las administraciones. La asociación estará formada inicialmente por 22 empresas de perfiles y modelos de negocio diversos que se han unido para informar sobre los beneficios de la economía colaborativa y evaluar su impacto en la economía global.