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El Gobierno ha preparado cambios en el sistema de permisos de residencia que se conceden a cambio de inversiones en España, que allanan los requisitos para poder acogerse y amplía los beneficiarios a las parejas de hecho o los hijos mayores de 18 años. En 15 meses en funcionamiento, desde septiembre de 2013 hasta diciembre de 2014 (último dato disponible), un total de 530 extranjeros ricos han logrado la la residencia en España por esta vía, que no requiere vivir en el país, y la mayoría de ellos (490) lo han hecho comprando viviendas lujo. Mientras que los propietarios de inmuebles son sobre todo rusos, chinos y árabes, el país que más emprendedores aporta es EE UU. Ha modificado algunas cuestiones técnicas y jurídicas que entorpecían los permisos, según fuentes del Gobierno.

Competencia ha impuesto multas a nueve empresas y dos asociaciones que operan en el mercado de aprovisionamiento de leche cruda de vaca en España por haber participado en «conductas anticompetitivas que infringen la legislación de competencia» por un importe total de 88,2 millones de euros. La resolución de la CNMC no sólo prueba la existencia de «conductas prohibidas» por su objeto, que no era otro que distorsionar el normal funcionamiento del mercado, sino que además las mismas produjeron efectos negativos en el mercado, siendo la industria ganadera el sector más perjudicado.

La CE cree que la obligatoriedad de declarar bienes en el extranjero, el Modelo 720, «infringe el Derecho comunitario» en su régimen sancionador, que considera «desproporcionado», por lo que tiene «la intención de proponer la incoación de un procedimiento de infracción al respecto». Así lo explica Bruselas en una comunicación que ha remitido a contribuyentes que han denunciado la ilegalidad de esta obligación fiscal. Tanto en lo que respecta a las sanciones como a la imprescriptibilidad, Bruselas indica expresamente que «tiene la intención de profundizar en este aspecto de la investigación y proponer la incoación de un procedimiento de infracción». Estaría excluyendo de la posible infracción de las normas comunitarias las ganancias de patrimonio no justificadas imputables a la falta de declaración o la declaración fuera de plazo de los bienes y derechos situados en países ajenos a la UE o el EEE, como Suiza o Andorra.

Los precios de producción industrial de la zona euro registraron el pasado mes de enero un retroceso del 0,9% en comparación con el mes anterior, cuando habían bajado un 1%, mientras que con respecto a enero de 2014 bajaron un 3,4%, según ha informado Eurostat. La caída mensual se explica por el retroceso del 3,2% de los precios de la energía, del 0,5% de los bienes intermedios y del 0,2% de los bienes de consumo no duraderos, mientras los precios subieron dos décimas en el caso de los bienes de capital y un 0,3% en el de los bienes de consumo duraderos.

La secretaria de Estado de Empleo ha asegurado este martes que su Departamento agotará «hasta el último momento» las posibilidades de un acuerdo con patronal y sindicatos sobre la reforma de la formación. Finalmente, preguntada por si esta reforma se aprobará ya en el Consejo de Ministros del próximo viernes 6 de marzo, Engracia no lo ha aclarado. «Ya lo veremos», ha dicho.

El grupo de los 98 grandes bancos internacionales examinados por el Comité de Basilea registraba a 30 de junio de 2014 un déficit de capital de 3.900 millones de euros bajo las reglas de Basilea III, que no entrarán en vigor de manera completa hasta 2019, lo que representa alrededor del 1,8% del beneficio neto agregado antes de repartir dividendos alcanzado por estas entidades en los seis primeros meses del pasado ejercicio. Los grandes bancos europeos lograron reducir en 8.800 millones de euros, un 75,8%, sus necesidades de capital de cara a cumplir con las exigencias de Basilea III en 2019.

El Supremo avala que Hacienda requiera a El Corte Inglés que identifique a ciertos titulares de su tarjeta de compra. El Tribunal Supremo ha avalado un requerimiento de Hacienda a El Corte Inglés para que identifique a los titulares de su tarjeta de compra que hubiesen realizado pagos a través de las mismas por importe total anual igual o superior a 30.000 euros al año. La orden de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude ahora avalada por el Supremo se dictó en 2008, y afecta a los datos de los ejercicios fiscales 2006 y 2007. La sentencia confirma la resolución dictada en el caso por la Audiencia Nacional en julio de 2012.