- El indicador adelantado del IPC sitúa su variación anual en el 0,1% en junio, según el INE. Este indicador proporciona un avance del IPC que, en caso de confirmarse, supondría un aumento de tres décimas en su tasa anual, ya que en el mes de mayo esta variación fue del –0,2%. Este incremento se explica, principalmente, por la subida de los precios de la electricidad y los alimentos y bebidas no alcohólicas.
- El TS ha establecido que la Administración podrá suspender de forma cautelar el régimen de visitas de menores bajo su tutela y en acogida con sus padres biológicos siempre que lo comunique de inmediato al juez. En una sentencia, la Sala de lo Civil del alto tribunal ha fijado como doctrina que “la entidad pública está legitimada para decidir sobre la suspensión del régimen de visitas y comunicaciones de los menores bajo su tutela por ministerio legal y en situación de acogida, para garantizar el buen fin de la medida de protección acordada, sin perjuicio de la función supervisora del Ministerio Fiscal y del preceptivo control judicial de la resolución administrativa adoptada, a quienes se dará cuenta inmediata de la misma».
- El ministro de Economía ha descartado la adopción de medidas en la banca española por la crisis de Grecia, al asegurar que no se ha percibido «ni las más mínima tensión» desde el punto de vista de la liquidez de las entidades. Asimismo, ha señalado que España no tiene actualmente ningún tipo de exposición a Grecia, como tampoco la tienen los bancos o las empresas españolas.
- El número de visados solicitados para construir nuevas viviendas creció un 29,9% hasta abril en tasa interanual, al sumar 15.178 certificados, según datos del Ministerio de Fomento. Respecto a 2015, en caso de que durante el resto del ejercicio se mantenga el ritmo de solicitud de nuevos visados registrado hasta abril (una media de 3.794 certificados mensuales), cerrará con el segundo aumento anual consecutivo, por encima de la cota los 45.500 visados, aunque aún lejos de las cifras récords alcanzadas antes de la crisis. El 71,8% del total de visados solicitados correspondieron a la construcción de nuevos pisos en bloque.
- Los propietarios de viviendas contra las que pese una orden judicial de demolición por construcción ilegal del inmueble tendrán que ser indemnizados antes de que se produzca el derribo de su casa, en aplicación de una modificación incluida en la tramitación parlamentaria de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La nueva redacción de la ley –que será aprobada este miércoles en el Senado– precisa que el juez o el tribunal que ordene la demolición «exigirá, como condición previa y salvo que una situación de peligro inminente lo impidiera, la prestación de garantías suficientes para responder del pago de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fé».
- Banco Santander despedirá a 157 empleados de su servicio de activación de tarjetas (94 en Sevilla y 63 en Madrid), según ha informado la Confederación General del Trabajo (CGT) en un comunicado. La dirección de la empresa ha decidido implantar un sistema automático de activación de tarjetas que «hace innecesaria» la presencia del ser humano para la realización del servicio, según CGT. Ha denunciado que la entidad y su filial del Grupo Konecta no han respetado el Estatuto de los Trabajadores, dado que no han aplicado ninguno de los procedimientos establecidos en el Artículo 51 de la citada ley orgánica que regula los derechos fundamentales de los trabajadores.
- El patrimonio medio de los españoles en planes de pensiones individuales se situó en 2014 en 8.169 euros, un 10,8% más que un año antes, cuando se alcanzaron los 7.371 euros, según los datos recogidos por el Observatorio Inverco. Según los datos del Observatorio, el 17% de los españoles ahorra en planes de pensiones individuales. Por provincias, Madrid y Barcelona cuentan con más de un millón de partícipes cada una, aunque Soria, Segovia y Huesca son los territorios con un mayor porcentaje de partícipes con respecto a su población, por encima del 23%.
- Fenadismer en contra del posible peaje a camiones en las carreteras guipuzcoanas. La nueva medida fiscal afectaría a los más de 7.000 camiones españoles que diariamente transitan por dicha vías hacia el resto de Europa. Considera asimismo que el establecimiento unilateral de dicha medida por parte de la Diputación de Guipúzcoa podría vulnerar el Decreto del Gobierno español sobre traspaso de competencias del Estado al País Vasco en materia de carreteras, al establecerse la obligatoriedad de que la Administración autonómica adopte los mismos objetivos que los establecidos por el Estado para dichas vías nacionales “a fin de asegurar la conveniente coordinación entre los tramos de las mismas comprendidas dentro del actual territorio de la Comunidad Autónoma Vasca”.