Noticias de economía y empresa, 27/4/15

por | 27 abril, 2015

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  • El nuevo sistema unificado de información del sector lácteo (INFOLAC), incluye un registro de los primeros compradores y la información de todos los contratos entre los primeros compradores y productores en el sector lácteo, así como la información de las declaraciones de entregas. El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se regulan las declaraciones obligatorias a efectuar por los primeros compradores y productores de leche y productos lácteos de vaca, oveja y cabra. Se trata de una regulación conjunta para todo el sector lácteo, que permite el nuevo sistema de declaraciones para los compradores de leche de vaca, derivado de la desaparición de las cuotas lácteas.
  • El Consejo de Ministros ha recibido el informe de la ministra de Empleo y Seguridad Social sobre el anteproyecto de Ley de Sociedades Laborales y Participada. Los objetivos del nuevo anteproyecto de Ley, que se remite al Consejo Económico y Social para su dictamen en el plazo máximo de diez días, son: clarificar los requisitos para la constitución de las sociedades laborales, facilitar la incorporación de trabajadores a la condición de socios, dar mayor protagonismo de los trabajadores en el control de la sociedad y simplificar y reducir trámites administrativos e incorporar los principios de buen gobierno. Para ello, en primer lugar, el texto define las sociedades laborales como aquellas entidades mercantiles en las que los socios trabajadores deben poseer, al menos, el 50 por 100 del capital social y el 50 por 100 del derecho a voto. Además, el número de horas-año trabajadas por los trabajadores no socios contratados por tiempo indefinido no puede superar el 50 por 100. Como novedad, incorpora por primera vez en España la definición de sociedad participada por los trabajadores, lo que supone un impulso mayor a esta forma de hacer empresa y complementa a las figuras ya existentes, como las cooperativas y las sociedades laborales.
  • Informe de la ministra de Empleo y Seguridad Social sobre el Anteproyecto de Ley por la que se modifica y actualiza toda la normativa en materia de autoempleo, y se adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la Economía Social. El Anteproyecto se remite al Consejo Económico y Social para su dictamen en el plazo máximo de diez días. Se trata de un texto que desarrolla el Estatuto del Trabajo Autónomo y la Ley de Economía Social, al tiempo que ordena y sistematiza el conjunto de medidas para fomentar y promover el trabajo autónomo e impulsar la Economía Social que se encuentran dispersas en diversas normas. Los autónomos podrán contratar trabajadores sin perder los incentivos de la tarifa plana y se amplían medidas como la capitalización de la prestación por desempleo o su compatibilización con el inicio de una actividad emprendedora a todas las edades. Se refuerzan los mecanismos de segunda oportunidad al permitir reanudar el cobro la prestación por desempleo hasta cinco años después de iniciarse la actividad por cuenta propia, y los mecanismos de protección de los autónomos económicamente dependientes. En el ámbito de la Economía Social se ponen en marcha medidas para fomentar la incorporación de socios y se amplían las reservas de participación en los procesos públicos de licitación.
  • Un estudio del BE analiza la influencia de las decisiones judiciales en los costes efectivos reales del despido. A pesar de las reformas laborales de 2010 y 2012, la proporción de despidos que son declarados procedentes por los juzgados de lo social en España no ha aumentado significativamente. Este dato es relevante en la medida en que, al existir una amplia diferencia en el coste de los despidos dependiendo de si se declaran o no procedentes, el papel que juegan los tribunales se convierte en un factor crítico para las empresas. El efecto de aclarar o ampliar en la legislación laboral la definición de despido objetivo por causas económicas ha sido mínimo. Se está sobrevalorando el impacto real de las reformas laborales.
  • El Gobierno ha decidido incrementar la protección de la que gozan los depositantes de entidades financieras que entran en concurso. Así se recoge en una de las 35 enmiendas que el PP ha presentado en el Congreso al proyecto de ley de Recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión. En concreto, los ‘populares’ proponen incorporar una nueva disposición con el régimen aplicable en caso de concurso de una entidad, para calificar de créditos con privilegio general a los depósitos garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y a la parte de los depósitos de las personas físicas y de las microempresas, pequeñas y medianas empresas que superen los 100.000 euros.
  • El TJUE ha concluido que un Estado miembro puede denegar de forma temporal al titular de un permiso de conducción no expedido por él, el derecho a conducir en su territorio si ha cometido en él una infracción de tráfico que implique falta de aptitud. La corte comunitaria especifica sin embargo que «ese derecho no debe denegarse indefinidamente» y que «las condiciones para su recuperación deben respetar el principio de proporcionalidad», explica la sentencia. El TJUE respondía así al caso planteado por una austríaca que vive cerca de la frontera con Alemania.
  • La ocupación desciende en 114.300 personas en el primer trimestre de 2015 respecto al cuarto del año anterior (variación del -0,65%), situándose el total de ocupados en 17.454.800, según la Encuesta de Población Activa (EPA). La ocupación baja este trimestre en 143.500 personas en el empleo privado y sube en 29.200 en el público. El número de parados baja este trimestre en 13.100 personas respecto al cuarto (variación del –0,24%) y se sitúa en 5.444.600. La tasa de paro es del 23,78%, siete centésimas más que en el trimestre anterior.
  • La Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados y Mariscos (Anfaco) ha planteado, en su propuesta para el nuevo convenio, que las empresas y los trabajadores puedan llegar a acuerdos de forma voluntaria, para que una parte de los salarios se sustituyan por «productos o servicios«. Para ello, la patronal plantea que se cumplan tres condiciones: que el sueldo que cobre el trabajador en dinero no sea inferior al SMI; que la suma del sueldo en dinero y en productos esté por encima del mínimo salarial fijado en el convenio; y que el valor de los «productos o servicios en especie» no supere el 30% del salario.
  • Asefiget ha alertado del aumento de tasas que supondrá para el empresario la obligación de presentar, además de los habituales, el libro de actas y el libro registro de acciones normativas en sociedades anónimas, el libro registro de socios en sociedades limitadas o el libro registro de contratos en sociedades unipersonales. Además, indica que antes de la entrada en vigor de la instrucción de 12 de febrero de 2015 se permitía la presentación de los libros hasta el 30 de junio, aunque el plazo de la legalización finalizaba el 30 de abril y desde este año dicha fecha es el plazo límite tanto para la legalización como para la presentación de los mismos. Desde este año únicamente se podrán presentar los libros de forma telemática a través de la página web del Registro Mercantil. Con esta medida, los asesores fiscales temen que el incremento de libros y la reducción de vías «colapsen» la única forma de presentación bajo pena de sanción si no se realiza en los plazos estipulados.
  • La Ley de Auditoría acotará el universo de empresas que cotizan en el MAB y que tienen carácter de Entidades de Interés Público (EIP) al segmento de empresas en expansión (las más grandes), con lo que de unas 2.500 empresas que cotizan en el MAB quedarán como EIP menos de medio centenar. El objetivo de esta medida es «no imponer requisitos adicionales a entidades que por su tamaño o actividad no merezcan tener la condición de entidades de interés público». La Ley de Auditoría entrará en vigor en junio de 2016 tal como establece la Directiva y hasta ese momento se trabajará también en el reglamento que desarrolle la ley, de modo que ambas normas puedan entrar en vigor prácticamente a la vez.
  • La OCU ha superado los 131.000 inscritos en su compra colectiva de carburantes, casi un mes después del lanzamiento de la iniciativa. El periodo de inscripción de esta compra colectiva, que tiene como objetivo lograr un ahorro en la factura de gasolina que pagan las familias, concluye el próximo 12 de mayo. OCU también indica que el 63,4% de los inscritos utiliza gasóleo en sus distintas modalidades como combustible, frente al 25,8% que reposta gasolina. Más de la mitad de los usuarios declara que su gasto en carburantes supera los 100 euros al mes.