- La regularización catastral no implica una nueva revisión de valores catastrales: los inmuebles regularizados se valoran con los valores vigentes en cada municipio hasta la fecha. Hacienda afirma en una nota de prensa que no se trata de un procedimiento de valoración al uso, sino de un procedimiento de lucha contra el fraude para aflorar inmuebles que están disfrutando de los servicios públicos municipales a costa de los titulares de los inmuebles correctamente declarados. Hasta la fecha, 3.070 municipios ya han manifestado a la Dirección General del Catastro su interés en la regularización catastral. Además, recuerda que únicamente se ha establecido una tasa de 60 euros por inmueble objeto de regularización que debe abonar su titular y que tiene por objeto financiar el desarrollo del propio plan. Es decir, es un plan que se autofinancia.
- El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo se situó al finalizar octubre en 4.526.804 personas, tras subir en 79.154 desempleados respecto al mes anterior, su menor incremento en este mes desde 2010, según ha informado este martes el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
- El Ayuntamiento de Sabadell presentará una ordenanza municipal para regular el procedimiento de verificación de viviendas vacías, promover su ocupación y sancionar a los propietarios que no cumplan con los requerimientos municipales, en el pleno ordinario de noviembre. En una primera fase se elaborará un programa de inspección de inmuebles, donde se priorizarán las áreas beneficiarias de la Ley de Barrios y las zonas de la ciudad donde se han registrado problemas de convivencia recientemente.
- Las mutuas de accidentes laborales están al borde de la quiebra. El presidente de la patronal Amat, afirma en una carta remitida a la ministra de Empleo, que “Una buena parte del sector ya tiene sus patrimonios históricos próximos a la quiebra”. La delicada situación del patrimonio histórico de las mutuas, llega por los gastos indebidos en los que incurren estas entidades. Estos gastos se detectan en las auditorías que anualmente les hace la Intervención del instituto público, que les reclama la devolución de este dinero, lo que el sector llama “ajustes”. Reclama que aproveche el proyecto de Ley de Mutuas, para introducir medidas que eviten esa situación, ya que en ese caso las empresas asociadas deberían afrontar una “derrama”.
- La patronal del seguro Unespa defiende la necesidad de tener un sistema de pensiones integrado y abogó por la creación de productos de ahorro que sean “más sencillos” de comprender para el cliente. Analizó la reforma fiscal en lo tocante al ahorro, en la que ve claroscuros. “La reducción de límites de aportación a planes de pensiones no es una buena noticia”, dijo.
- Las arcas públicas ya han recaudado 82,7 millones de euros por las prejubilaciones de mayores de 50 años de las grandes empresas con beneficios. Hace poco más de un año, la cifra no llegaba al millón de euros. Ahora se ha multiplicado por 82 y en esta operación aún faltan otros 700.000 euros reclamados por el Ministerio de Empleo y que las compañías requeridas todavía no han ingresado, según los datos oficiales. No obstante, los casi 83 millones ingresados todavía están lejos de los 390 millones al año que el Ejecutivo esperaba por este concepto.
- Ceaccu ha detectado un incremento «alarmante» en las reclamaciones por facturas de electricidad erróneas, especialmente por el cobro de consumos que no se han producido. La Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, asegura que este incremento en las reclamaciones se ha producido en los últimos seis meses y que, en algunas ocasiones, las denuncias se refieren a subidas «desproporcionadas e injustificadas».