- Sentencia del TJUE sobre la legalidad del fondo de comercio. El TJUE ha anulado las decisiones de la Comisión que declararon ilegales las ayudas fiscales de España a las multinacionales españolas por comprar empresas extranjeras. El fallo -que da la razón a un recurso presentado por Autogrill, Banco Santander y Santusa- considera que el Ejecutivo comunitario «no ha demostrado el carácter selectivo de este régimen». La sentencia supone un precedente que podría obligar al Ejecutivo comunitario a cerrar el último expediente de devolución de ayudas que lanzó contra España el pasado 15 de octubre.
- El secretario de Estado de Hacienda ha indicado que el Gobierno está dispuesto a devolver íntegramente el ‘céntimo sanitario’ a los contribuyentes que lo hayan solicitado, a pesar de que inicialmente estableció que únicamente devolvería una parte para mantener los mínimos del impuesto y no incumplir una directiva comunitaria. «El sector del transporte nos ha presentado argumentos jurídicos que contradicen la interpretación que se había seguido hasta el momento por Hacienda y vamos a analizarlos con el mejor ánimo y la mejor disposición para que este conflicto no sea necesario porque no es bueno ni para el sector ni para la economía en su conjunto», reiteró.
- Algunas grandes empresas pertenecientes al Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC) «lideran el incumplimiento sistemático de la Ley de Morosidad». Según ha indicado la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad a través de un comunicado, de acuerdo con sus datos financieros auditados del 2013, el plazo medio de pago del conjunto de las empresas que forman la CEC es de 145 días, mientras que el plazo medio de cobro del conjunto es de 67 días. Asimismo, según la PMcM, «la mejor estructura de balance de cientos de miles de pymes y autónomos y sus menores costes financieros las convertiría en sociedades más rentables y solventes, susceptibles por tanto de recibir crédito bancario, sin necesidad de otras medidas».
- OO. ha denunciado que, «desde hace meses», el SEPE «pone trabas» a los trabajadores que quieren acogerse al permiso individual de formación (PIF). Explica que, a lo largo de veinte años, los PIF habían sido una iniciativa «residual» del sistema de formación, utilizada casi de forma exclusiva por las grandes empresas. «Pero en 2012 algo cambió: las peticiones se incrementaron un 300% respecto a las de 2011, y al año siguiente, 2013, alcanzaron la cifra récord de 30.221 y por primera vez desde su creación se agotaron los 28 millones de euros disponibles para la iniciativa», añade. CC.OO. ha pedido un mayor control sobre esta situación y ha lamentado que la Administración «prefiera abordarlo como una cruzada contra los trabajadores, a los que ahora se están exigiendo condiciones mucho más duras».
- Adaptada la regulación de las titulaciones profesionales de la marina mercante a la nueva normativa internacional. El nuevo Real Decreto traspone una Directiva comunitaria del 21 de noviembre de 2012, relativa al nivel mínimo de formación en las profesiones marítimas que: recoge las modificaciones introducidas por las «Enmiendas de Manila» de 2010 al Convenio Internacional de Certificación, Formación y Guardia (Convenio STCW) de la Organización Marítima Internacional, especialmente en los ámbitos de la prevención del fraude con los títulos, las normas médicas, la formación sobre protección marítima (en relación con la piratería y el robo a mano armada) y la formación en tecnologías, y establece nuevas condiciones relacionadas con la aptitud para prestar el servicio a bordo de los buques.
- Régimen transitorio para los antiguos socios de cooperativas de transporte de mercancías por carretera. El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se establece un régimen transitorio para el otorgamiento de autorizaciones de transporte de mercancías por carretera para las empresas constituidas por antiguos socios de cooperativas titulares de autorizaciones de transporte. Durante este período transitorio, que comienza con la entrada en vigor de este Real Decreto y finaliza el 1 de mayo de 2015, los socios adscritos a una cooperativa de transporte podrán solicitar por sí mismos la correspondiente autorización de transporte aportando los vehículos que ya venían utilizando con anterioridad, sin que éstos hayan de tener la antigüedad máxima de cinco meses que exige la normativa con carácter general y, por tanto, sin la necesidad de que tengan que adquirir vehículos nuevos. Deberán, en todo caso, cumplir el resto de requisitos que fija esta normativa.
- Reactivación del sector inmobiliario a dos velocidades. La inversión en inmuebles de oficinas, hoteles y centros comerciales duplicará este año la de 2013 y superará los 9.000 millones de euros. Esta cifra supone regresar prácticamente a los volúmenes de capital que llegaban en 2006, en pleno pico de la burbuja. En cambio, el mercado residencial sigue sin encontrar el pulso y se mantiene en un nivel casi idéntico al del año pasado, con unas ventas medias de 27.000 casas mensuales. El sector señala con preocupación que solo una de cada tres transacciones de vivienda corresponden a obra nueva, lo que está dificultando la digestión del stockde más de medio millón de casas que permanecen vacías.