INFORMACIÓN ECONÓMICA
- El déficit comercial alcanzó los 9.983 millones de euros en los cuatro primeros meses del año, cifra un 18,9% superior a la registrada en el mismo periodo de 2017, a pesar del nuevo récord de las exportaciones, según ha informado el Ministerio de Economía y Empresa. En concreto, las exportaciones españolas de mercancías volvieron a marcar nuevos máximos al situarse en 94.883 millones de euros hasta abril, un 3,7% más que en el primer cuatrimestre de 2017. Por su parte, las importaciones subieron un 4,9%, hasta los 104.866 millones de euros, por lo que marcaron también su máximo histórico. Las exportaciones dirigidas a la Unión Europea (66,8% del total) se incrementaron un 3,9%.
- El Tribunal Supremo de EEUU ha dictaminado que los gobiernos estatales tienen derecho a exigir a las tiendas 'online' el pago de impuestos por las ventas realizadas en su territorio, aunque estos comercios carezcan de presencia física en el mismo, lo que abre la posibilidad de que las administraciones estatales recauden miles de millones de dólares por estas transacciones. La ajustada decisión revierte la posición legalmente fijada en 1992. Asimismo, el Supremo estadounidense considera que el argumento sobre la claridad y facilidad de aplicar la regla sobre la presencia física de los comercios no es sólido, ya que se ha demostrado "impracticable" su aplicación a las ventas 'online'.
- El decreto de pisos turísticos de la Comunidad de Madrid se aprobará antes de octubre tras haber recibido ya el visto bueno de la Unión Europea y después de haber incorporado algunas de las alegaciones presentadas. El texto incluirá sanciones de hasta 300.000 euros para plataformas digitales que no cumplan la norma. El decreto contiene la obligación de que las viviendas de uso turístico cuenten con un certificado de idoneidad que garantizará que el inmueble cumple unos requisitos básicos. El decreto del Ejecutivo regional incorpora además alegaciones de las presentadas a posteriori, concretamente dos del Ayuntamiento de la capital y prácticamente la totalidad de las presentadas por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM).
- La economía sumergida supone un lastre para la economía española. La actividad informal supone una merma de casi el 23% en la recaudación de impuestos, lo que equivale a cerca del 6% del PIB, según un estudio publicado recientemente por Funcas. Es decir, que el trabajo en negro resta casi 70.000 millones de euros a las arcas públicas. El informe revela que el fraude es mayor en Andalucía y Canarias y menor en Madrid y las comunidades forales (País Vasco y Navarra). Los expertos que participan en el estudio explican que el nivel de recaudación real es equivalente al 33% del PIB mientras que la recaudación potencial asciende al 41%. "Combinando ambos porcentajes se puede llegar la conclusión de que la brecha fiscal —que puede incluir los beneficios fiscales— es del 20%", señalan. Estos sitúan el fraude fiscal en el 20% para el IRPF y en el 35% para el IVA.
- El proyecto de ley de Secretos Empresariales cuenta entre sus novedades más importantes con una definición clara de qué es un secreto de empresa y fija todos los aspectos procesales. Los expertos opinan que la ley "adecúa la definición de secreto empresarial a la existente en el Acuerdo sobre los Adpic (Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) y será necesario tanto que el titular tome medidas para mantener secreta la información que se considera secreto empresarial como que tal conocimiento tenga valor empresarial, bien actual, bien potencial… algo que generará intensos debates".
- Durante el mes de mayo las pernoctaciones en establecimientos hoteleros superan los 31,9 millones, un 1,6% más que en el mismo mes de 2017, según datos del INE. Las pernoctaciones de viajeros residentes en España aumentan un 1,8% y las de los no residentes un 1,6%. La estancia media no varía respecto a mayo de 2017, situándose en 3,2 pernoctaciones por viajero. Durante los cinco primeros meses de 2018 las pernoctaciones aumentan un 0,1% respecto al mismo periodo del año anterior. Los precios hoteleros suben en tasa anual un 4,8% en Illes Balears y un 2,2% en Canarias. Por el contrario, bajan un 1,6% en Andalucía y un 3,0% en Cataluña.
SECTOR BANCARIO
- La Junta Única de Resolución (JUR) sigue sin disponer del informe clave sobre la intervención de Banco Popular. La institución europea, tras un año, todavía no ha pedido el segundo informe de Deloitte sobre la valoración del banco. Esta situación entorpece los 97 recursos planteados ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), para cuyos abogados resulta un elemento clave los detalles que se aporten en este informe definitivo para poder preparar su defensa. El TGUE se ha inclinado por escoger únicamente nueve demandas en las que centrarse para continuar el procedimiento y suspender las 88 restantes. Estos recursos abarcan un amplio arco de perfiles de reclamantes y de argumentos con los que quedarían representadas todas las peticiones de los afectados.
- Los ministros de Finanzas del euro cierran un acuerdo para reestructurar la deuda griega y poner el punto final a toda una era de rescates. Atenas empezará a pagar el capital y los intereses de los préstamos del rescate en 2032: los socios del euro le conceden 10 años extra de carencia. Se amplían asimismo 10 años más los plazos de devolución (que ya eran de una media de 32 años). Y el Eurogrupo pacta la entrega de los citados 15.000 millones del último tramo del rescate actual. Los fondos permiten ampliar el colchón de liquidez en 24.100 millones de euros por si vienen curvas, para dar mayor confianza a los inversores cuando Grecia vuele sola en los mercados a partir de mediados de agosto.
EMPRESA
- Principio de acuerdo sobre el convenio de hostelería de Málaga que evita la huelga anunciada este verano. El acuerdo tendrá una duración de cinco años, periodo en el que los empleados tendrán una subida salarial de al menos el 13 por ciento, según ha informado CCOO en un comunicado. Se avanza que cuando las empresas externalizan los servicios y sus trabajadores y trabajadoras hay que aplicar en su integridad el convenio de Hostelería con la responsabilidad solidaria de las empresas principales; y no el de empresas Multiservicios que empeoran las condiciones sociales y económicas.